Una agenda económica prioritaria
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Siendo la seguridad y el crecimiento económico dos de los factores que más preocupan a los chilenos, el Gobierno ha planteado una agenda prioritaria de proyectos de ley en ambos casos. En el plano económico, el Gobierno ha identificado 21 iniciativas -de distinto alcance y de diferente calibre- para ingresar a un fast track legislativo, con la meta de lograr su aprobación no después de septiembre, de modo que se encuentren ya aprobadas para la discusión de la ley de presupuestos 2025.
El objetivo es ambicioso y constituye una buena señal, pero una mínima dosis de realismo obliga a poner una nota de cautela. En la práctica, la agenda económica “compite” con la agenda de seguridad en la tramitación legislativa -a pesar de que se vayan a discutir en distintas comisiones-, y además en varias de las iniciativas propuestas la posibilidad de acuerdos se ve aún lejana.
Más realista sería concentrarse en aquellos proyectos de ley que ya se encuentran en su segunda fase de discusión legislativa,
Más realista sería concentrarse en aquellos proyectos de ley que ya se encuentran en su segunda fase de discusión legislativa, y donde debería ser más fácil alcanzar acuerdos. Por ejemplo, lograr aprobar el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario despejaría una elevada dosis de incertidumbre que aún prevalece, y le permitiría al Gobierno avanzar por un camino que, según sus propias estimaciones, generaría una mayor recaudación fiscal equivalente al 1,5% del PIB. Esto le quitaría presión a la necesidad de incorporar alzas tributarias en un próximo proyecto de reforma al impuesto a la renta, que acertadamente el ministro de Hacienda ha dejado para una discusión posterior.
Asimismo, lograr un acuerdo para aprobar el proyecto de ley que introduce mayor competencia en el cabotaje marítimo y en la iniciativa que reforma el sistema notarial no sólo contribuirá a dinamizar el funcionamiento de la economía, sino que constituiría una potente señal y un gesto concreto de parte del Gobierno en la línea de generar mayores espacios para la actividad privada y de reducir costos a través de una mayor competencia en los mercados.
Las leyes son importantes para promover el crecimiento, pero también importan mucho las señales que se entregan.
